Argentina: el ex jefe de Inteligencia de la dictadura a un paso del arresto domiciliario

Marcelo Cinto Courteaux estuvo prófugo hasta 2017. Camaristas dijeron que no "representa un riesgo" y lo mandaron a un country de Pilar.

La Cámara Federal de Casación Penal, en voto dividido, dejó muy cerca de su domicilio a un represor Marcelo Cinto Courteaux, que fue Jefe de Inteligencia del Destacamento 201 de Campo de Mayo, al anular una resolución de un tribunal oral que había rechazado la excarcelación.

La Sala II de Casación Penal, con el voto de los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, ordenó dictar un nuevo fallo respecto del pedido de Courteaux, cuya defensa solicitó morigerar la detención en el contexto de la situación de emergencia por el coronavirus.

Para Casación, el tribunal de San Martín que rechazó excarcelar al represor, “realizó un análisis parcializado del informe remitido por los profesionales de la salud de la Unidad N° 31 del Servicio Penitenciario Federal Cinto Courteaux, en el que explicitan que resulta un “paciente de ALTO RIESGO en caso de contraer COVID-19”, no sólo por su avanzada edad sino también debido a las patologías de base que presenta (hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismo).

El fallo advierte que el imputado se encuentra incluido dentro del listado elaborado por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal denominado “Población penal alojada. Informe en relación a (COVID-19)” en donde se indica que pertenece a un grupo vulnerable. Por ello se ordenó dictar un nuevo fallo de acuerdo a esos parámetros.

En disidencia, el camarista Alejandro Slokar remarcó que Cortaux está acusado de múltiples delitos de lesa humanidad y que en esos casos los beneficios de arrestos domiciliarios deben ser analizados más estrictamente.

Además remarcó que el hecho de que Cortaux estuvo prófugo de la justicia por aproximadamente 3 años, desde 2014 a 2017 , haría presumir que podría intentar eludir a la justicia o darse a la fuga.

Corteaux está siendo juzgado por el tribunal oral de San Martín por hechos de secuestros y torturas en la megacausa Campo de Mayo, con el antecedente de haber estado prófugo.

La misma Casación, en un acuerdo plenario, recomendó otorgar los beneficios a presos por delitos menores, no violentos.

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