Coronavirus en La Pampa: la Justicia formalizó a otras ocho personas por violar el aislamiento obligatorio

Los jueces de control Carlos René Ordas y María Jimena Cardoso, de Santa Rosa y General Pico respectivamente, formalizaron hoy a ocho hombres por incumplir con el aislamiento obligatorio. Yatecuento los detalles...

En un caso se le agregó el delito de lesiones en perjuicio de una expareja y en otro se produjo una persecución que incluyó un patrullero chocado. En los otros seis legajos los imputados fueron reincidentes porque se los halló en la vía pública, sin ninguna justificación, en dos ocasiones.

En la primera formalización realizada en Santa Rosa participaron la fiscala Leticia Pordomingo y el defensor oficial Martín García Ongaro, y como viene ocurriendo durante la cuarentena, el acto no fue presencial sino a través de medios electrónicos. También a distancia intervino el personal de la Oficina Judicial.

Allí, Pablo Sebastián Ríos, de 20 años, fue formalizado –lo que técnicamente significa que le comunicaron formalmente que se iniciará una investigación en su contra– en orden a la presunta comisión de los delitos violación de las medidas para la propagación de una epidemia -y desobediencia. A su vez, Ordas dispuso su prisión preventiva hasta el 13 de abril y la sustituyó por un arresto domiciliario.

Ríos quedó imputado por violar la cuarentena en dos ocasiones. La primera cuando la policía lo interceptó mientas caminaba por la calle Santa Cruz, junto a un amigo, sin justificación alguna; y la segunda, cuando circulaba en bicicleta por Santa Cruz y Santiago del Estero.

Pordomingo habló de un “accionar desaprensivo” en perjuicio del “resto de los ciudadanos” por no acatar las normas dictadas para la protección de la salud de la población.

La segunda formalización fue contra Emmanuel David Gigena, por lesiones leves en perjuicio de su expareja, amenazas simples y desobediencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional. Ordas lo dejó en prisión preventiva hasta la finalización del proceso-

¿Qué hizo Gigena? Fue en estado de ebriedad hasta la casa de la víctima y empezó a amenazarla desde el exterior, expresándole “te voy a matar, me las vas a pagar”. Poco después, cuando la mujer salió de la casa, la tomó del cuello y le dio una cachetada en la cara. Horas después, el agresor (32 años) volvió al lugar, pateó una puerta, profirió insultos y terminó detenido, a raíz del llamado a la policía de una vecina.

En la audiencia el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Marcos Hernán Sacco y García Ongaro representó al imputado.

El tercer formalizado por la violación a la cuarentena, y además desobediencia, fue Mario Alberto Carmona (38 años), a quien se le dictó la prisión preventiva hasta el 13 de abril, aunque reemplazada por un arresto domiciliario. En este legajo intervinieron A Ordas, Pordomingo y García Ongaro.

Carmona fue encontrado por la policía cuando caminaba de noche por Pilcomayo y La Rioja y luego repitió esa inconducta al ser localizado en avenida Spinetto y Ortiz, sin poder dar una razón válida.

El cuarto caso lo protagonizó Gastón Fabrizio Marcelo Molina (20 años), a quien el juez Ordas formalizó en orden a la presunta comisión del  delito de violación a normas sanitarias –en dos ocasiones– y desobediencia. Quedó con prisión preventiva, bajo el régimen de arresto domiciliario, hasta el 13 de abril. De la audiencia tomaron parte el fiscal Facundo Bon Dergham, la defensora Paula Arrigone y el personal de la Oficina Judicial.

A Molina se le atribuyó, a priori, haber sido detenido por la policía en avenida San Martín Oeste y González, aduciendo –sin justificativos– que iba a visitar a un familiar. También que horas después volvió a ser detenido mientras caminaba por Chile y Bolivia.

Tres más en General Pico

Siguiendo el modo de trabajo a domicilio, respetando lo dispuesto por el gobierno nacional y provincial, hoy se realizaron tres formalizaciones en el fuero penal de la segunda circunscripción judicial mediante llamadas telefónicas de Whatsapp.

Tanto la jueza, como los fiscales y defensor interviniente, así como el personal de Oficina Judicial y de otras dependencias judiciales, trabajaron desde sus domicilios. Los imputados de todas las causas, participaron de las audiencias desde las comisarías donde se encontraban detenidos.

Las tres formalizaciones se realizaron por casos de “violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, y desobediencia judicial”.

La primera audiencia se  realizó con la intervención de la jueza de control María Jimena Cardoso, la fiscal María Soledad Forte y el defensor oficial Alejandro Caram.

El hecho ocurrió en calle 101 entre 2 y 4 de General Pico, cuando dos funcionarios policiales intentaron detener a un auto conducido por Francisco Correa y Sergio Brunn para notificarlos. En ese momento el vehículo chocó contra el patrullero y emprendió la huida pasando el semáforo en rojo en calle 2 y 1. Se sumó a la persecución un móvil de la Comisaría Segunda, con sus balizas prendidas, deteniendo el vehículo en calle 25 entre calle 2 y 102. Ambos imputados quedaron luego en libertad.

La segunda audiencia fue por dos incumplimientos a respetar el aislamiento obligatorio. Ellos ocurrieron cuando personal policial interceptó en dos oportunidades a Ezequiel Martín Ponce en la vía pública incumpliendo y desobedeciendo la disposición del artículo 1 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 (dictado por el Poder Ejecutivo Nacional), que impone el aislamiento social, preventivo y obligatorio a los fines de impedir la propagación de la pandemia Covid-19.

La tercera formalización también fue por dos hechos ocurridos en la vía pública, donde Lucas Nicolás Casabone fue encontrado circulando por ella sin causa alguna.

A solicitud del fiscal Damián Campos, quien intervino en ambos casos, la jueza Cardoso dispuso como medidas sustitutivas de la prisión preventiva –tanto para Ponce como para Casabone– el arresto domiciliario, el cual cumplirán hasta el próximo martes. La magistrada le hizo saber a ellos que se realizarán controles sorpresivos periódicos y que en caso de incumplimiento de la medida, se le revocará y cumplirán prisión efectiva.

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