Informe: el 37,5 % de los argentinos es pobre, según la UCA

El índice se basa en la condición de ser pobre en al menos de una de las seis dimensiones en las que se mide alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo y servicios básicos.

El 37,5% del país se ubica en situación de pobreza a causa de necesidades básicas insatisfechas, según un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) efectuado con datos de 2019 y divulgado en las últimas horas.

La pobreza multidimensional, que además de ingresos pondera otras carencias de derechos básicos, afecta en el país a por lo menos 15.750.000 personas, de acuerdo con una proyección de ese 37,5% sobre la población urbana total.

Un año antes, ese mismo indicador de la UCA se ubicaba en 31,4 %, lo que significa que en un lapso de 12 meses 1.428.000 argentinos cayeron en situación de pobreza.

El relevamiento contempla las siguientes seis dimensiones: Seguridad alimentaria y acceso a atención médica y a medicamentos; Conexión a cloacas, agua corriente y energía; Vivienda adecuada en su tipo, materiales, servicio sanitario y espacio; Sin basurales, fábricas contaminantes ni espejos de agua contaminados; Asistencia a instituciones educativas y ausencia de rezago educativo; Con ingreso por empleo registrado o jubilaciones o pensiones contributivas.

Es decir, este indicador elaborado por la UCA pondera otros cinco aspectos más, a diferencia del dato sobre pobreza que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre la base de los ingresos y que en el primer semestre de 2019 arrojó un porcentaje del 35,4 %.

Pese al incremento de 6,1 puntos porcentuales en un año, la UCA señaló que en algunas de las dimensiones más estructurales se produjeron mejoras entre las mediciones de 2018 y 2019.

En este sentido, las personas con carencias en conexión de cloacas, agua corriente y energía (es decir, servicios básicos) pasaron de 34 a 33,5 %, mientras que los relevados en zonas con basurales, fábricas contaminantes y/o agua contaminada (problemas medioambientales), de 33,8 a 31,2 %.

Sin embargo, las personas con déficit relacionado con una vivienda adecuada en su tipo, materiales, servicio sanitario y espacio pasaron de 27,1 a 27,2 %; de asistencia a instituciones educativas y ausencia de rezago educativo, de 12,3 a 12,5 %, o con ingresos por empleo registrado o jubilaciones o pensiones contributivas, de 31,3 a 33 %, según reportó el diario La Nación en su página web.

El número más significativo tuvo que ver con el déficit en seguridad alimentaria y acceso a atención médica y a medicamentos, que en doce meses pasó de 28,2 a 32,2 %: fue la dimensión, de todas las que conforman el indicador, que más empeoró. 

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